El boom del alquiler vacacional alcanza a la administración pública

Ante la falta de recursos de las corporaciones autonómicas y locales, los juristas señalan que hay que concienciar a los ciudadanos para que se atrevan a denunciar las situaciones irregulares para evitar el fraude fiscal, el aburguesamiento y el cambio de la identidad cultural de los barrios, y que por otro lado es urgente un cambio en la legislación actual.

Más de 30 expertos han debatido sobre la situación legal actual del turismo vacacional durante el I Congreso Internacional de Economía Colaborativa organizado por el Grupo TOTMA del Instituto Universitario ECOAQUA.

Controlar la ilegalidad del alquiler vacacional y llegar a una regulación legal óptima que sea eficaz y contenta con los diferentes interlocutores del sector es algo que está sobrepasando a la administración pública al no disponer de recursos suficientes. Así lo han coincidido hoy numerosos juristas y expertos en el sector del turismo vacacional, durante el I Congreso Internacional de Economía Colaborativa que se celebra desde ayer en la Facultad de Ciencias Jurídicas (FCCJJ) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), y que está organizado por el Grupo de Investigación en Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA) del Instituto Universitario ECOAQUA.

Es por ello que este grupo de ponentes explicó que deben ser los ciudadanos, en primer lugar, los que tomen cartas en el asunto y se atrevan a "denunciar" la explotación de estas viviendas irregulares, para evitar el fraude fiscal, la gentrificación y el cambio de la identidad cultural de los barrios, y que también es urgente cambiar y mejorar los actuales decretos que están regulando el sector.

Según Humberto Gosálbez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, el problema al que se enfrenta actualmente la Administración se debe, en primer lugar, a que no cuenta con suficientes inspectores turísticos, en segundo lugar, a que no ha integrado a un grupo de juristas expertos en el sector para desarrollar una legislación eficaz, y en tercer lugar, a que no integra a los garantes del sistema.

"En Madrid o Barcelona están funcionando algunos programas piloto, como los portales web de denuncia de las administraciones o la contratación de encuestadores para sondear situaciones irregulares en los barrios con los vecinos. También las asociaciones privadas han desarrollado modelos de denuncia fáciles de rellenar para presentar a nivel regional que se descargan fácilmente en Internet", explicó, y apuntó: "este fenómeno ha explotado de tal manera que las administraciones no han reaccionado adoptando las medidas oportunas, por lo que en esta situación son los ciudadanos los que deben tomar medidas para combatir las viviendas turísticas ilegales si quieren proteger su entorno".

Fabrizio Fracchia, profesor de la Universidad Bocconi de Milán, coincidió: "La realidad de la situación actual es que no sólo ha sido dudoso el reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, sino que la legislación actual no ha medido bien el equilibrio de los diferentes intereses en juego (a nivel fiscal, civil y turístico).

"Todo debería haber partido de una correcta planificación urbanística y se debería haber hecho una regulación diferenciada y proporcional que tuviera en cuenta el peso y el interés de los diferentes actores", añadió. En este sentido, señaló las diferencias entre las plataformas vacacionales, las empresas de alojamiento turístico, los propietarios de viviendas, los profesionales relacionados con la explotación de los alojamientos turísticos, los colectivos de víctimas (turistas y vecinos), así como las distintas administraciones implicadas.

Fracchia explicó que la situación en Italia es similar porque la explosión del negocio con las plataformas de alquiler vacacional ha sido fulminante, y esto ha provocado que "la intervención administrativa y la regulación legal se haya hecho tarde, y que su control óptimo esté siendo difícil".

Amplio debate sobre la regulación del sector

El I Congreso Internacional de Economía Colaborativa se ha clausurado esta tarde con la intervención de Rafael Robaina Romero, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria; y Felipe Afonso El Jaber, diputado primero del Diputado del Común.

Este foro, que reúne a una treintena de académicos de diversas universidades españolas y a expertos jurídicos y profesionales del sector, ha contado con seis paneles en los que se han debatido diferentes perspectivas del turismo vacacional: 'Las viviendas vacacionales: ¿entre la economía colaborativa y la actividad comercial?', 'La cuestión competencial desde la perspectiva pública y privada', 'Las medidas adoptadas para la regulación de las condiciones de vida en Canarias', 'Las medidas adoptadas para la regulación del turismo en Canarias', y 'Las medidas adoptadas para la regulación del turismo en Canarias'.