La regulación vigente en España sobre taxis y VTC (Vehículo de Transporte con Conductor) contiene restricciones que perjudican innecesariamente a los usuarios finales al limitar artificialmente el número de vehículos en ambos casos y la posibilidad de que las compañías puedan implementar nuevos servicios en beneficio de los usuarios finales. Así lo afirma Inmaculada González Cabrera, responsable del Grupo de Turismo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (TOTMA) del Instituto Universitario de Acuicultura y Ecosistemas Marinos Sostenibles (ECOAQUA), que acaba de lanzar al mercado ‘El Transporte a escena’, una monografía editada por la editorial Dykinson en la que profundiza en el camino que debería seguir en nuestro país su marco legal.
González Cabrera, profesora de Derecho Mercantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), es especialista en economía colaborativa y sostiene que la legislación vigente debe evolucionar y entender que los VTC se han desarrollado y han pasado a ser otra cosa. “Ahora hablamos de taxi y VTC como elementos antagónicos y debemos dar a conocer que en la mayoría de las ocasiones prestan el mismo servicio, pero funcionan como dos modelos de negocio diferentes. A los VTC ya no se los puede clasificar en un modelo de economía colaborativa”, puntualiza.
En su opinión, y tal como recomienda la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), se debe adoptar un enfoque regulatorio global sobre la actividad de taxis y VTC. “El nuevo marco legal debe centrarse en proteger y mejorar los servicios para los consumidores y usuarios, al contrario de lo que ha sucedido con las últimas reformas legales, que incluso han reducido la competitividad de ambos sectores, algo que perjudica sin duda al usuario final”.
En su libro, Inmaculada González expone ejemplos del desarrollo de compañías como Uber, BlaBlaCar o Cabify, que utilizan plataformas para promover sus servicios, y sostiene que las Cámaras Legislativas deben implantar las mismas normas para ellos que para los que prestan servicios similares offline, siempre en beneficio de los consumidores.
“La mayor parte de la regulación supralocal que hay en España tiende a la restricción de los VTC en beneficio del taxi, pero llegado un punto que estando los dos modelos implantados, hay que buscar un marco similar al que está establecido en Reino Unido y que flexibiliza la regulación de ambas partes”, sugiere, “y siempre teniendo en cuenta los derechos de los viajeros, sobre todo su seguridad”, expone la investigadora del Instituto Universitario ECOAQUA.
Para esta experta, no solo los VTC saldrán beneficiados, sino también el sector del taxi, ya que “la administración ha generado un cuello de botella en la generación de nuevas licencias y su amortización hace que la inversión sea cada vez menos rentable, es algo que está oscureciendo el sector con reventas y subcontrataciones a veces fuera de la legalidad”, apunta.
Pero la revisión de las restricciones al número de licencias de taxis debería extenderse también al VTC. “Ahora tenemos el caso de que en ciudades como Madrid o Barcelona, los vehículos que operan ya exceden el número de licencias que se emitirán legalmente, un despropósito”, puntualiza.
La nueva legislación debe “evitar discriminaciones injustificadas entre taxis y VTC en materia de contratación, horarios y calendario, características de los vehículos, circulación y estacionamiento, así como en los uniformes que llevan los conductores, y debe posibilitar que, en el futuro, los VTC puedan prestar servicios no solo en la comunidad autónoma de origen”, sintetiza, de forma “que el consumidor que paga el servicio pueda acceder a unas tarifas razonables incluso cuando sean variables”, como ocurre en el sector de la VTC, que basculan en función de la demanda”.
Inmaculada González, que entre otros títulos ha publicado ‘Derecho de las empresas turísticas’, ’Las viviendas vacacionales: Entre la economía colaborativa y la actividad mercantil’, o ‘El alojamiento turístico: Problemática y soluciones en la ejecución del contrato de hospedaje’, recabó la información para este libro a través de dos proyectos realizados en la ULPGC en los que participó con el grupo TOTMA del Instituto Universitario ECOAQUA.
En concreto hablamos de “Desmontando la economía colaborativa: hacia una nueva forma de comercialización de productos y servicios”, dentro de MINECO DER2017-85616-R, aún en progreso; y un segundo trabajo financiado por la Consejería de Economía, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias CEI2018-2024: “Aspectos Económicos y Jurídicos de la Economía Colaborativa en Canarias”.